> El Procurador General Abbott toma acción legal para ponerle un alto a operación fraudulenta de servicios legales de El Paso

Tarjetas de presentación engañosas y credenciales exageradas del demandado son algunas de las violaciones a las leyes de protección al consumidor

EL PASO – El Procurador General de Texas Greg Abbott ha obtenido una orden de restricción temporal en contra de un hombre de El Paso que defraudó a consumidores del área con cientos de dólares al brindarles servicios de inmigración y asesoría legal no autorizados.

La demanda del Procurador General, presentada en el Condado de El Paso el martes, busca que se emita un mandato civil permanente, penas civiles y restitución en contra de Manuel Escalante III y de su empresa, ME Accounting & Consulting, por violaciones de la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas (Texas Deceptive Trade Practices Act, DTPA), incluyendo la distribución de tarjetas de presentación con credenciales exageradas que engañaban a los consumidores sobre la capacidad del demandado para llevar a cabo estos trámites.

La demanda es la segunda acción legal que ha tomado el Procurador General Abbott en contra de proveedores de servicios legales no autorizados en El Paso en menos de una semana. El 7 de julio, Abbott anunció una demanda en contra de Patricia Puentes Monroy por operar una estafa similar.

“Estas deplorables estafas se enfocan en las familias que simplemente están buscando ayuda honesta para establecerse y trabajar en Texas”, dijo el Procurador General Abbott. “Existen protecciones para mantener seguros a todos los consumidores de Texas en contra de este tipo de estafas y mi oficina procesará a cualquier persona que trate de esquivar las leyes”.

La demanda de la Procuraduría General alega que Escalante, a pesar de no contar con una licencia para ejercer leyes o alguna otra calificación, le cobró a los consumidores por lo menos 200 dólares para determinar si calificaban para beneficios de inmigración y preparar documentación en su nombre. Escalante dependía de las recomendaciones personales que le hacían sus clientes y de tarjetas de presentación engañosas para hacerle publicidad a su negocio fraudulento de servicios legales y engañar a los consumidores para hacerles creer que él tenía autorizado proveer asesoría legal sobre temas de inmigración.

Las víctimas de la estafa al poco tiempo se dieron cuenta de que estaban sujetos a deportación desde los Estados Unidos debido a errores en la presentación de los formularios o porque no calificaban para recibir la residencia permanente. Muchos consumidores también perdieron cientos de dólares en cuotas para presentar los documentos de inmigración.

En Texas, sólo abogados con licencia para ejercer derecho y organizaciones sin animo de lucro acreditadas por la Mesa de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice’s Board of Immigration Appeals, BIA) pueden cobrar honorarios por brindar asesoría y representar a clientes en procedimientos de inmigración. Escalente no cuenta con una licencia para ejercer derecho en Texas.

La demanda también presenta cargos en contra de Escalante por el uso engañoso de su estado como notary public. En Texas la tarea principal de los notaries public es atestiguar la firma de documentos legales. Sin embargo, en México los deberes de un “notario público” se asemejan más a los de un abogado en Estados Unidos ya que éstos cuentan con una licencia para brindar asesoría legal y representar a la ciudadanía en asuntos legales.

Durante mucho tiempo los estafadores han explotado el mal entendido entre el uso de los términos “notary” y el muy similar “notario” en español, el cual se utiliza en América Latina para referirse a abogados altamente especializados. Las leyes de Texas le prohíben específicamente a los notaries public prestar servicios de inmigración a menos de que estén acreditados por la Mesa de Apelaciones de Inmigración.

La demanda busca obtener penas civiles de 20,000 dólares por cada violación de la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas.

Desde que tomó el cargo en 2002, el Procurador General Abbott ha clausurado a más de 40 empresas para impedir que continuaran brindando asesoría legal no autorizada sobre procedimientos de inmigración, siete de éstas estaban localizadas en El Paso. Los consumidores que crean que han sido víctimas de una estafa de servicios legales deben reportarlo a la Procuraduría General llamando gratuitamente al 1-800-252-8011. La Procuraduría General cuenta con información y personal bilingüe para atenderle.